{"id":1001,"date":"2012-05-21T04:31:10","date_gmt":"2012-05-21T04:31:10","guid":{"rendered":"http:\/\/vasquezabogados.com\/estudio\/?p=1001"},"modified":"2016-04-23T05:17:55","modified_gmt":"2016-04-23T05:17:55","slug":"reparacion-civil-y-medida-cautelar-en-el-proceso-penal","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/vasquezabogados.com\/estudio\/2012\/05\/21\/reparacion-civil-y-medida-cautelar-en-el-proceso-penal\/","title":{"rendered":"REPARACI\u00d3N CIVIL Y MEDIDA CAUTELAR EN EL PROCESO PENAL"},"content":{"rendered":"
\n

Por Marlio V\u00e1squez V\u00e1squez
\n<\/strong>Socio de VASQUEZ | TAFUR<\/strong>\u00a0Abogado<\/strong>s
\nMiembro de Peruvian Legal Network\u00a0<\/strong><\/p>\n

\u00a0<\/strong><\/p>\n

I. Funci\u00f3n del Ministerio P\u00fablico en la persecuci\u00f3n de la Reparaci\u00f3n Civil.<\/strong><\/p>\n

El proceso penal que se genera en relaci\u00f3n a la imputaci\u00f3n de un delito, tiene como objetivo principal la\u00a0 determinaci\u00f3n de la comisi\u00f3n del hecho imputado, la responsabilidad de los imputados y en su caso la determinaci\u00f3n de la pena que corresponda; pero adem\u00e1s de esto, el Art. 92 del C\u00f3digo Penal establece que conjuntamente con la pena deber\u00e1 determinarse la Reparaci\u00f3n Civil.<\/p>\n

No obstante que la reparaci\u00f3n civil es una pretensi\u00f3n privada, la norma penal obliga al juzgador a determinar la reparaci\u00f3n civil conjuntamente con la pena, aun la parte agraviada no haya hecho valer tal pretensi\u00f3n.<\/p>\n

Conforme a la estructura actual del proceso penal, regulado aun por el C\u00f3digo de Procedimientos Penales de 1940 y normas modificatorias, la funci\u00f3n de persecuci\u00f3n conjunta del delito y la reparaci\u00f3n civil corresponde al Ministerio P\u00fablico y ser\u00e1 ejercida por el Ministerio P\u00fablico \u00a0aun en los casos que el agraviado intervenga en el proceso planteando la pretensi\u00f3n de reparaci\u00f3n civil, gener\u00e1ndose una labor conjunta de Ministerio P\u00fablico y Parte Civil en este extremo.<\/p>\n

En el nuevo CODIGO PROCESAL PENAL del 2004 sin embargo, vigente ya en casi todos los distritos judiciales y aun suspendida en su vigencia en Lima \u2013 salvo para los casos de corrupci\u00f3n \u2013 la intervenci\u00f3n del Ministerio P\u00fablico cesa para efectos de perseguir la reparaci\u00f3n civil cuando hay constituci\u00f3n de Parte Civil o Actor Civil como la nueva norma procesal llama (Inc. 1\u00a0 Art. 11 del C\u00d3DIGO PROCESAL PENAL\u00a0\u00a0 2004).\u00a0<\/strong><\/p>\n

II. Legitimidad para pretender el pago de la Reparaci\u00f3n Civil<\/strong>.<\/p>\n

A efectos de pretender el pago de la Reparaci\u00f3n Civil en el proceso penal, la persona natural o jur\u00eddica que considere tener este derecho deber\u00e1 constituirse como Parte Civil o Actor Civil conforme a la nueva denominaci\u00f3n que introduce el nuevo CODIGO PROCESAL PENAL del 2004.<\/p>\n

Para pretender el pago de la Reparaci\u00f3n Civil y en su caso hacer valer las medidas cautelares que garanticen el pago, como la anotaci\u00f3n preventiva de la nulidad de transferencias, y otras, no basta tener la condici\u00f3n de agraviado o afectado por el delito,\u00a0 resultando necesario que tal condici\u00f3n sea formalmente reconocida en el proceso mediante la constituci\u00f3n de Parte Civil o Actor Civil.<\/p>\n

El art\u00edculo 98 del nuevo CODIGO PROCESAL PENAL del 2004 no tiene en este aspecto una redacci\u00f3n feliz, lo\u00a0 que traer\u00e1 ciertos problemas de interpretaci\u00f3n en tanto no sea modificada, o en tanto la interpretaci\u00f3n correcta de la norma no resulte exigible para todos los operadores del derecho[1]<\/a>. En efecto, el art\u00edculo 98 del nuevo texto procesal penal, para referirse a quienes tienen derecho a constituirse como actores civiles, hace referencia \u00fanicamente al perjudicado<\/em> del delito, siendo este un concepto diferente a la de agraviado<\/em> que el propio CODIGO PROCESAL PENAL\u00a0 del 2004 distingue en el Inc. 1 del art\u00edculo 94.<\/p>\n

Seg\u00fan el Inc. 1 del Art. 94 del CODIGO PROCESAL PENAL del 2004, agraviado<\/em> es aquel que directamente ha sido afectado por el delito, y como tales pueden comprenderse tanto al que en derecho penal se conoce como sujeto pasivo<\/em> del delito, que es la persona natural o jur\u00eddica titular del bien jur\u00eddico protegido (el due\u00f1o del bien objeto de un delito de robo), como al sujeto pasivo de la acci\u00f3n criminal, que es aquella persona natural o jur\u00eddica sobre la que recae la acci\u00f3n punible (en el robo, la empresa due\u00f1a del veh\u00edculo robado es el sujeto pasivo del delito, en tanto que el chofer contra quien se actu\u00f3 para apoderarse del bien es el sujeto pasivo de la acci\u00f3n delictiva, a quien se conoce tambi\u00e9n como v\u00edctima del delito) Estos son los \u00fanicos que pueden resultar directamente afectados por el delito. En cambi\u00f3 el perjudicado<\/em> es aquel que indirectamente es afectado por las consecuencias del delito (en el ejemplo del robo planteado, el sujeto pasivo es la empresa como due\u00f1a del bien, el chofer la v\u00edctima, en tanto que la empresa de seguros ser\u00e1 la perjudicada<\/em> del delito) [2]<\/a>.<\/p>\n

Cuando el art\u00edculo 98 del CODIGO PROCESAL PENAL del 2004 expresa que la acci\u00f3n reparatoria\u00a0 en el proceso penal solo podr\u00e1 ser ejercida por quien resulte perjudicado<\/em> por el delito, pareciera que se est\u00e1 refiriendo con ello solo a aquel que indirectamente es\u00a0 afectado por las consecuencias del hecho, como el asegurador en el ejemplo propuesto, lo que resultar\u00eda un absurdo porque significar\u00eda que se excluya a los sujetos pasivos<\/em> y\u00a0 v\u00edctimas<\/em> del delito que tradicionalmente y por naturaleza son los que tienen la titularidad para constituirse en Parte o Actor Civil.\u00a0 La interpretaci\u00f3n correcta de esta norma, ser\u00e1 entonces comprender tambi\u00e9n como titulares de la acci\u00f3n reparatoria en el proceso penal y por ende con derechos para constituirse en Actor Civil, tanto a perjudicados, como a agraviados del delito, entre los que se consideran, en el caso de las personas jur\u00eddicas, a accionistas, socios, asociados o miembros (Inc.3 del Art. 94 del nuevo CODIGO PROCESAL PENAL 2004). Con derecho a constituirse en Actor Civil se entiende tambi\u00e9n est\u00e1n considerados las asociaciones en los delitos que afecten intereses colectivo o difusos (Inc. 4 del Art. 94\u00a0 del CODIGO PROCESAL PENAL 2004) los que hasta hoy solo pod\u00edan ser considerados como meros denunciantes sin ninguna mayor actuaci\u00f3n en el proceso penal. Es claro para nosotros, que el legislador procesal penal del 2004 se equivoc\u00f3 al consignar en el art\u00edculo 98 el t\u00e9rmino\u00a0 perjudicado<\/em>, cuando debi\u00f3 emplear el de agraviado<\/em> que comprende ambos conceptos y al cual obviamente la nueva norma procesal penal no quiso excluir como aparece del Art. 97 en el que al tratar sobre la designaci\u00f3n de apoderado com\u00fan, hace expresamente\u00a0 referencia a \u201cagraviados\u201d que se constituyan en actor civil y no ha \u201c perjudicados\u201d.<\/p>\n<\/div>\n

III. Prejuicio sobre el monto indemnizatorio de la reparaci\u00f3n civil en el proceso penal<\/strong>.<\/p>\n

El gran problema de la reparaci\u00f3n civil dentro del proceso penal, ha sido siempre para muchos el temor de una indemnizaci\u00f3n m\u00ednima que no guarda proporci\u00f3n con el da\u00f1o y perjuicio sufrido, habiendo muchos llegado a sostener que la indemnizaci\u00f3n en un proceso penal es siempre baja,\u00a0 como si ello fuera una cuesti\u00f3n propia de la naturaleza del proceso penal, lo que ha llevado a cimentar m\u00e1s la falta de una cultura de la indemnizaci\u00f3n.<\/p>\n

Los abogados litigantes poco entendieron sin embargo, que la reparaci\u00f3n civil dentro del proceso penal se nutre en general de la reparaci\u00f3n o indemnizaci\u00f3n que corresponde en la v\u00eda civil y que como tal ten\u00eda que probarse cuantitativamente tanto el da\u00f1o como el perjuicio generado por el delito para pretender una indemnizaci\u00f3n efectivamente reparadora, limit\u00e1ndose muchas veces como representantes del actor civil a la sola preocupaci\u00f3n de acreditar \u00fanicamente la existencia del delito y la responsabilidad del imputado, descuidando los aspectos propios de la indemnizaci\u00f3n que se pretende.\u00a0<\/strong><\/p>\n

IV. Medida cautelar de embargo<\/strong>.<\/p>\n

El embargo es el medio tradicional para asegurar el pago de la reparaci\u00f3n civil y pese a tener igual naturaleza y prop\u00f3sito que la medida cautelar\u00a0 que se concibe para el proceso civil, tiene en la actual regulaci\u00f3n procesal algunas limitaciones que han pretendido ser corregidas con ciertas modificatorias en tanto entre en vigencia el nuevo CODIGO PROCESAL PENAL del 2004 con el que se ha buscado una soluci\u00f3n coherente a los problemas hasta hoy observados.<\/p>\n

En la estructura del proceso actual regulado por el C\u00f3digo de Procedimientos Penales de 1940 puede observarse las siguientes caracter\u00edsticas con relaci\u00f3n a la nueva norma procesal:<\/p>\n

\u2013\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Limitaci\u00f3n en la forma de ejecuci\u00f3n de las medidas cautelares reales (embargos).-\u00a0 No obstante que el art\u00edculo 98 del C\u00f3digo de Procedimientos Penales establec\u00eda que la medida de embargo dictada con el objeto de asegurar el pago de la reparaci\u00f3n civil pod\u00eda tambi\u00e9n adoptar las formas de dep\u00f3sito (secuestro), intervenci\u00f3n y retenci\u00f3n, al igual que en el proceso civil; se establece sin embargo como regla principal en el Art. 97 del C\u00f3digo de Procedimientos Penales que la medida de embargo que se dicte en el proceso debe inscribirse en los Registros P\u00fablicos o en la entidad que corresponda, con lo que queda establecido que la medida de embargo en el proceso penal en principio debe hacerse en forma de inscripci\u00f3n y solo por imposibilidad de ello puede optarse por las dem\u00e1s formas admitidas. El C\u00f3digo Procesal Penal de 1991 que concluy\u00f3 su existencia solo con vigencia suspendida, no estableci\u00f3 la inscripci\u00f3n como forma preferente del embargo y remiti\u00f3 en lo aplicable a las normas del C\u00f3digo Procesal Civil, con lo que se concibi\u00f3 que la medida de embargo pod\u00eda adoptar cualesquiera de las formas reguladas en esta \u00faltima. El nuevo CODIGO PROCESAL PENAL del 2004 en relaci\u00f3n al C\u00f3digo de Procedimientos Penales de 1940 aun vigente, es m\u00e1s precisa en la forma que deben adoptar los embargos, se\u00f1alando que las formas que puede adoptar, son las previstas en el C\u00f3digo Procesal Civil (Parte final del Inc. 1 del Art. 303 del C\u00d3DIGO PROCESAL PENAL del 2004).<\/p>\n

\u2013\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Requerimiento previo al imputado para se\u00f1alamiento de bienes libres.- En el proceso penal tradicional peruano, la medida de embargo no pod\u00eda ser ejecutada sin que previamente el inculpado haya sido citado para se\u00f1alar bienes libres sobre los cuales se trabe la medida ordenada y habiendo se\u00f1alado el procesado bienes libres, el embargo s\u00f3lo pod\u00eda ejecutarse sobre los que fueron se\u00f1alados en la medida que estos cubran el monto del embargo ordenado, lo que permit\u00eda en principio alertar al procesado sobre la medida a ejecutar, favoreciendo el ocultamiento de los bienes sobre los que pesa este peligro o en muchos casos, se\u00f1alando bienes libres de escaso inter\u00e9s econ\u00f3mico en protecci\u00f3n de otros bienes embargables, logr\u00e1ndose\u00a0 desprotecci\u00f3n de la v\u00edctima.<\/p>\n

La Ley 27652 de enero 2002 modific\u00f3 el art\u00edculo 95 del C\u00f3digo de Procedimientos Penales y pretendi\u00f3 con ello \u2013 aunque con una redacci\u00f3n no muy clara \u2013 solucionar este problema posibilitando que la medida de embargo se trabe sobre los bienes que se conozcan son de propiedad del procesado y solo despu\u00e9s de ejecutada la medida se requiera el se\u00f1alamiento de bienes libres, con lo que se introdujo en el proceso penal el factor sorpresivo de la medida. La redacci\u00f3n de la norma es sin embargo confusa y este entendimiento no fluye claramente de la norma modificada que no ha tenido aun en general una aplicaci\u00f3n conforme a su sentido.<\/p>\n

El proceso civil al que m\u00e1s propiamente responde la medida de embargo para efectos de reparaci\u00f3n civil y al que el nuevo ordenamiento procesal se remite, no establece privilegio alguno del emplazado en el se\u00f1alamiento previo de bienes y elecci\u00f3n de estos para la ejecuci\u00f3n de la medida, criterio que ahora adopta el nuevo CODIGO PROCESAL PENAL del 2004, \u201c de suerte que se tiende a evitar, a partir del factor sorpresa, la posible comisi\u00f3n de conductas fraudulentas o irregulares destinadas a producir la insolvencia patrimonial del imputado\u201d[3]<\/a>.<\/p>\n

\u2013\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 La contracautela.- Es importante observar que conforme al nuevo procedimiento introducido por el CODIGO PROCESAL PENAL del 2004, la medida de embargo que se ordene dentro del proceso penal, requerir\u00e1 de una contracautela por parte del actor civil; contracautela que no resulta prevista en el ordenamiento procesal regido por el C\u00f3digo de Procedimientos Penales de 1940 que aun se encuentra vigente. Al igual que en el proceso civil, la contracautela queda exceptuada en los casos que el peticionario de la medida cautelar sea el Poder Legislativo, Ejecutivo, Judicial, o el Ministerio P\u00fablico y dem\u00e1s instituciones que se nombran en el Art. 614 del C\u00f3digo Procesal Civil al que la norma procesal penal remite. Al igual que en el proceso civil, en los dem\u00e1s casos la contracautela es exigible, quedando librada al Juzgador la admisi\u00f3n de la contracautela ofrecida en cuanto a su naturaleza y monto. Salvo en los casos de medidas cautelares solicitadas despu\u00e9s de emitida sentencia, casos en los que aun siendo impugnada, no ser\u00e1 exigible la contracautela.<\/p>\n

Presupuestos para la medida cautelar de embargo.- <\/strong>\u00a0Otro de los aspectos que aparece claramente establecido en el nuevo CODIGO PROCESAL PENAL del 2004 es lo referente a los requisitos o presupuestos para dictar una medida de embargo, que en el proceso regulado por el C\u00f3digo de Procedimientos Penales vigente no aparece expresamente se\u00f1alado y aunque en doctrina pueda admitirse su existencia, su omisi\u00f3n en el texto procesal significa muchas veces una fuente generadora de situaciones injustas en la pr\u00e1ctica. El Inc. 3 del art\u00edculo 303 del nuevo CODIGO PROCESAL PENAL del 2004 establece ahora como presupuesto para dictar v\u00e1lidamente la medida de embargo, los siguientes:<\/p>\n

\u2013 Existencia de suficientes elementos de convicci\u00f3n que determinen la probabilidad de que el procesado es autor o part\u00edcipe del delito imputado.- Siendo el embargo una limitaci\u00f3n a las posibilidades de disposici\u00f3n del procesado respecto a bienes de su propiedad antes de una sentencia y el medio para asegurar una reparaci\u00f3n civil, es razonable la exigencia de elementos que evidencien la participaci\u00f3n del procesado en el hecho delictivo imputado que se pretende resarcir con la reparaci\u00f3n civil.<\/p>\n

Lo exigible ser\u00e1 pues, como se\u00f1ala San Mart\u00edn Castro[4]<\/a>; \u201cuna\u00a0 razonable atribuci\u00f3n a una persona determinada respecto de la comisi\u00f3n de una infracci\u00f3n penal\u201d, lo que en buena cuenta supone, que no cualquier atribuci\u00f3n de la comisi\u00f3n o participaci\u00f3n en un hecho delictivo debe determinar la existencia de este presupuesto para los efectos del embargo, sino que deben presentarse en cada caso concreto elementos suficientes que determinen probabilidad sobre la participaci\u00f3n del procesado como autor o part\u00edcipe del hecho imputado. La redacci\u00f3n actual del nuevo CODIGO PROCESAL PENAL del 2004\u00a0 plantea al respecto la siguiente descripci\u00f3n de este primer presupuesto: \u201csiempre que en autos existan suficientes elementos de convicci\u00f3n para sostener razonablemente que el imputado es con probabilidad<\/strong> autor o part\u00edcipe del delito objeto de imputaci\u00f3n<\/em>\u201d.<\/p>\n

Al establecer este primer presupuesto para la procedencia del embargo, la nueva norma procesal hace referencia a la categor\u00eda del conocimiento llamada \u201c probabilidad<\/em>\u201d que supone un grado avanzado del conocimiento sobre un caso determinado y como tal, pr\u00f3ximo a la verdad y que sea \u00a0demostrable mediante razonamiento concatenado y sin contradicciones[5]<\/a>.<\/p>\n

La probabilidad que el nuevo c\u00f3digo exige, supondr\u00e1 en consecuencia, como condici\u00f3n del embargo, la existencia de una imputaci\u00f3n suficientemente demostrada o demostrable, debiendo bajo la aplicaci\u00f3n estricta de la nueva norma procesal desterrarse las medidas de embargo sustentadas solo en meras imputaciones.<\/p>\n

\u2013 Peligro de insolvencia, ocultamiento o desaparici\u00f3n del bien.- El otro presupuesto exigido en forma conjunta por la nueva norma procesal penal, es la existencia de un riesgo de insolvencia del imputado que haga imposible el cobro de la reparaci\u00f3n civil o el riesgo de ocultamiento o desaparici\u00f3n de los bienes que pueda garantizar el futuro pago de la reparaci\u00f3n. La norma no requiere que se pruebe que el procesado ocultar\u00e1 o har\u00e1 desaparecer los bienes de su propiedad para evitar el pago de la reparaci\u00f3n, bastando para la norma que el riesgo resulte determinado de las caracter\u00edsticas del hecho o del imputado, existencia de presupuesto que en cada caso concreto obviamente debe fundamentarse.<\/p>\n

Variaci\u00f3n de la medida cautelar<\/strong>.- Las medidas cautelares de embargo que se dispongan en el proceso penal est\u00e1n sujetas al principio de variabilidad.<\/p>\n

La posibilidad de variaci\u00f3n importar\u00e1 la variaci\u00f3n de la medida en cuanto a su forma e incluso monto de la misma y dentro del concepto de variaci\u00f3n se comprende incluso los casos de sustituci\u00f3n de la medida de embargo.<\/p>\n

En el actual procedimiento penal regulado aun por el C\u00f3digo de Procedimientos Penales de 1940, los aspectos de variabilidad de la medida cautelar de embargo en cuanto a variaci\u00f3n de la forma y monto o sustituci\u00f3n, se manejan bajo los criterios que establece la norma procesal civil en base al principio de aplicaci\u00f3n supletoria\u00a0 de la norma procesal civil.<\/p>\n

El nuevo C\u00d3DIGO PROCESAL PENAL del 2004 busca directamente regular estos aspectos, y ha comprendido dentro del concepto de variaci\u00f3n el caso de \u201calzamiento\u201d de la medida cautelar, pero una redacci\u00f3n no muy precisa de la norma traer\u00e1 al inicio algunos problemas de interpretaci\u00f3n.<\/p>\n

El \u201calzamiento\u201d de la medida cautelar que la nueva norma procesal regula, debe entenderse procedente cuando aparezcan circunstancias que determinen la inexistencia de los presupuestos que sirvieron para ordenarla. Sobre el particular el Art. 305 del nuevo CODIGO PROCESAL PENAL del 2004 solo expresa: \u201ca este efecto se alegar\u00e1 y en su caso se acreditar\u00e1n hechos y circunstancias que pudieron tenerse en cuenta al tiempo de su concesi\u00f3n<\/em>\u201d con lo que parece referirse m\u00e1s al fundamento de una impugnaci\u00f3n, antes que a los fundamentos de una variaci\u00f3n que supone la existencia de circunstancias nuevas.<\/p>\n

\n

Los art\u00edculos y comentarios de Derecho Penal y Procesal Penal publicados en esta p\u00e1gina, buscan contribuir al entendimiento del derecho, preparado por abogados penalistas y orientados al p\u00fablico en general en el lenguaje m\u00e1s pr\u00e1ctico posible.<\/p>\n

VASQUEZ | TAFUR<\/strong>\u00a0Abogados
\nEstudio de Abogados Lima Per\u00fa<\/p>\n

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\n

[1]<\/a> .- En nuestro sistema procesal, la interpretaci\u00f3n correcta que respecto de una norma jur\u00eddica se haga en una decisi\u00f3n judicial, no obliga a otros jueces para la aplicaci\u00f3n de la misma norma a casos iguales, lo que muchas veces ha generado pronunciamientos judiciales en diferentes sentidos aplicados a un mismo supuesto de hecho. Solo cuando la interpretaci\u00f3n de la norma ha adquirido generalidad resulta impuesta no por una obligaci\u00f3n legal, sino por una cuesti\u00f3n de pr\u00e1ctica generaliza. Para que una decisi\u00f3n judicial tenga en nuestro sistema car\u00e1cter vinculante, deber\u00e1 tratarse de una sentencia emitida por Sala Penal de la Corte Suprema que en forma expresa\u00a0 disponga este car\u00e1cter vinculante de su decisi\u00f3n (Art. 301-A del C\u00f3digo de Procedimientos Penales introducido por el D. Leg. 959).<\/p>\n<\/div>\n

[2] .- Conforme a estos conceptos BUSTOS RAMIREZ, Juan, Manual de Derecho Penal Espa\u00f1ol, Parte General, Ed. Ariel, Barcelona, 1rea. Edici\u00f3n 1984, P\u00e1g. 201.<\/div>\n
\n

[3]<\/a> .- \u00a0SAN MARTIN CASTRO, C\u00e9sar, Derecho Procesal Penal, Vol. II, Ed. Gijley, Lima 1999. P\u00e1g. 871.<\/p>\n<\/div>\n

\n

[4]<\/a> .- Ob. Cit. P\u00e1g. 868<\/p>\n<\/div>\n

\n

[5]<\/a> .- Florencio MIXAN MAX, Categor\u00edas y Actividad\u00a0 Probatoria en el Procedimiento Penal,\u00a0 Editorial\u00a0 BLG, Trujillo, 1996, P\u00e1g.34.<\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Por Marlio V\u00e1squez V\u00e1squez Socio de VASQUEZ | TAFUR\u00a0Abogados Miembro de Peruvian Legal Network\u00a0 \u00a0 I. Funci\u00f3n del Ministerio P\u00fablico en la persecuci\u00f3n de la Reparaci\u00f3n Civil. 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