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Derecho Penal y Empresa

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Comprender para prevenir: Breve guía legal para empresarios

En el contexto actual, el empresario moderno no puede conformarse con sólo ser eficiente, también debe estar legalmente prevenido. El marco penal se ha extendido hacia el ámbito corporativo, y cada vez más gerentes, socios o representantes legales enfrentan investigaciones penales por decisiones o inacciones propias o de su entorno empresarial.

Iniciamos esta serie de comentarios breves que abordarán, los principales riesgos penales que enfrenta el sector empresarial. El objetivo: explicar de manera clara, práctica y legal cómo prevenir, responder y blindarse ante estos escenarios.


¿Puede el representante de una empresa ser penalmente responsable?

Primera entrega de la serie: Derecho Penal y Empresa

La respuesta inmediata es sí. En el Derecho Penal moderno, al que no es ajeno el Perú, cada vez resulta más frecuente que representantes de empresas — gerentes generales, administradores o apoderados— sean incluidos en investigaciones penales por hechos ocurridos dentro de la empresa o vinculada a ella, creando la amenaza de una declaración de responsabilidad penal que pone en riesgo la libertad personal.

Responsable penal como representante.

En el Derecho Penal, la responsabilidad es individual y personal. Esto significa que sólo puede declararse la responsabilidad penal de quien intervino directamente en el hecho. Es decir, nadie puede ser castigado por lo que hizo otro. Sin embargo, cuando se trata de actividades empresariales, la ley reconoce que los representantes legales o gerentes tienen deberes especiales de control, supervisión y dirección. Por eso, cuando ocurre un delito vinculado a la empresa, es perfectamente posible que el Ministerio Público impute penalmente al representante, atribuyéndosele una posición de garante.

La posición de garante implica que una persona — por su cargo o función — tiene la obligación legal de actuar para evitar que se cause un daño o se cometa un delito. En el contexto empresarial, esto aplica a gerentes, directores y representantes legales que, por estar al frente de la organización, tienen el deber de prevenir hechos ilícitos dentro de la empresa.

Si un gerente conoce de irregulares al interior de la empresa que lindan con lo delictivo y no toma medidas para impedirlas, la ley puede considerar que ha incumplido su deber como garante. En consecuencia, puede ser responsabilizado penalmente, aunque no haya ejecutado directamente la acción delictiva.

¿En qué casos puede investigarse penalmente al gerente?

Algunos de los escenarios más comunes donde gerentes, administradores e incluso directores, terminan investigados o incluso condenados son:

  • Delitos tributarios: Fraude en el pago de impuestos, uso de facturas falsas.
  • Delitos laborales: accidentes por falta de medidas de seguridad.
  • Delitos ambientales: vertimiento ilegal de residuos o afectación del medio ambiente.
  • Delitos patrimoniales: apropiación ilícita, estafa o administración fraudulenta.
  • Delitos contra la fe pública: Falsedad documental, uso de documentos falsos.
  • Delitos contra la administración pública: colusión o cohecho en contrataciones con el Estado.

Aun no interviniendo directamente en el hecho, el gerente o algunos otros directivos pueden ser responsables cuando:

  • Tuvo conocimiento de la realización del acto delictivo.
  • Pudo evitarlo y no lo hizo.
  • Delegó indebidamente funciones, entre otros supuestos.

¿Cómo protegerse?

Ser gerente hoy implica, además de capacidad empresarial, inteligencia jurídica preventiva. Algunas buenas prácticas para mitigar el riesgo penal son:

  1. Establecer protocolos de cumplimiento normativo (compliance).
  2. Delegar funciones con sustento documentado y supervisión efectiva.
  3. Auditar periódicamente áreas sensibles como contabilidad, contrataciones, seguridad y medio ambiente.
  4. Buscar asesoría legal preventiva y especializada en derecho penal empresarial.

La responsabilidad penal no es solo un tema jurídico, sino una realidad práctica que debe ser gestionada estratégicamente. Protegerse no significa temerle al derecho penal, sino entenderlo y prevenirlo con asesoría adecuada y decisiones responsables

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